La política gubernamental sacude al sector salud en Colombia

El Ministerio de Salud de Colombia empleó recientemente tácticas de brazo fuerte para reducir el precio de una medicina para la leucemia, destacando la tensa relación entre el gobierno y las empresas farmacéuticas. El caso se debe a un cambio constitucional de febrero 2015 que ha abierto la puerta a una revisión importante de la política de salud, brindando a todos los colombianos el acceso al mejor tratamiento disponible. Un sistema de salud que ya tiene miles de millones de dólares en deuda ahora enfrenta costos aún mayores. El gobierno está buscando numerosas maneras de reducir su exposición.

En octubre, el gobierno y Novartis, una multinacional farmacéutica suiza, acordaron reducir el precio en un 60% de Glivec, la droga para la leucemia producida por la compañía, . La decisión representa una victoria para el Ministerio de Salud después de su decisión de declarar la droga de interés público y amenaza con emitir una licencia obligatoria que habría permitido la venta de versiones genéricas de la droga a pesar de la patente de Novartis. La resolución del problema es probable que sea la primera escaramuza en una lucha mucho mayor entre farmacéuticos y proveedores de salud y el estado.

El desencadenante de la discordia creciente es la Ley Orgánica de Salud (LOS) firmada por el presidente Juan Manuel Santos en febrero de 2015. La ley hizo edl acceso a la salud, un derecho fundamental de los ciudadanos, mientras que antes había sido una obligación legal del Estado que estaba sujeta a ciertas limitaciones. Este cambio, que teóricamente da derecho a casi 48 millones de colombianos a casi cualquier droga o tratamiento registrado en el país y prescrito por su médico, tiene ramificaciones importantes para el sector de la salud.

Después de la emisión de la LOS, se le dio al Ministerio de Salud dos años (hasta principios de 2017) para presentar un nuevo proyecto de ley de salud al Congreso. Los retos, sin embargo, serán enormes, ya que el ya problemático sistema de salud tendrá dificultades para adaptarse al acceso masivo a la atención de la salud que implica la LOS.

De un menú fijo a la carta blanca
Más allá de la alta retórica y de los nobles principios, la LOS es un ejemplo de regulación que se acerca a la realidad. Colombia opera un sistema de salud pública con cobertura del 98%, pero está intermediado por entidades privadas conocidas como Empresas Promotoras de Salud (EPS), que operan de manera similar a las aseguradoras, cobrando primas de sus afiliados y organizando la prestación de servicios y tratamientos . En virtud del sistema actual, que se sustituirá por la reforma de 2017, la EPS tiene la responsabilidad de proporcionar a sus pacientes los medicamentos y tratamientos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), un conjunto de servicios establecidos y actualizados por el Ministerio de Salud. Cada vez más, sin embargo, los pacientes han utilizado procedimientos legales para obtener acceso a medicamentos de alto costo no incluidos en el POS.

En virtud de un mecanismo conocido como tutela, un recurso legal utilizado para reclamar un derecho constitucionalmente protegido, los pacientes han apelado con éxito a la Corte Constitucional del país exigiendo que su derecho a la salud requiere que la EPS les proporcione los medicamentos no incluidos en el POS. El Tribunal, poco dispuesto a arriesgar la vida de los pacientes y constitucionalmente impedido de tomar factores económicos en cuenta, se alinea casi universalmente con el paciente. Las tutelas para los fármacos que no están en el POS se han disparado desde entonces, con más de 118.000 casos adjudicados en 2014. Según la Federación Médica Colombiana (FMC), el 69% de los gastos farmacéuticos totales del sistema en 2014 fueron para artículos que no estan en el POS. Con el acceso a medicamentos de alto costo ahora normalizado, el POS se ha convertido en irrelevante y será eliminado bajo la próxima ley de atención de la salud.

Un sistema en estado crítico
El rápido crecimiento del gasto en medicamentos no incluidos en el POS es una de las principales razones por las que el sistema de EPS se encuentra e dificultades. El EPS debe a los hospitales y clínicas que proporcionan tratamientos un estimado de US $ 2.000 millones. Los tratamientos a menudo se retrasan, las camas de hospital son escasas y el conflicto entre las diferentes entidades de salud es común.

Después de la firma de la LOS, el gobierno jugó con la idea de liquidar las EPS, pero en su lugar les dio hasta el 2022 para pagar sus deudas y cumplir con mayores requerimientos de reservas mínimas. Parece improbable que puedan mantenerse a flote bajo el peso de los medicamentos de alto costo. Una presentación del gobierno a partir de junio de 2015 anticipó que un mayor acceso de los pacientes a medicamentos de alto costo bajo la LOS aumentaría su factura de salud en US $ 700 millones al año en su peor escenario, pero los representantes de la FMC dicen que esta cantidad es terriblemente optimista.

La fijación de precios, la concesión de licencias y los biosimilares son la clave del recorte de los costos de salud
En este contexto, el Ministerio de Salud está tratando de reducir los costos en otros lugares, y hasta ahora ha adoptado una estrategia en tres frentes. El primer paso ha sido recortar los precios inflados de los medicamentos. Bajo la presidencia anterior, Álvaro Uribe (2002-10), un mercado no regulado permitió a los fabricantes de drogas ya los intermediarios obtener grandes márgenes. El precio colombiano de Rituximab, una droga de la leucemia era 12 veces mas que el precio pagado en el Reino Unido. En 2013, el Ministerio de Salud introdujo la referencia de precios internacionales para nuevos medicamentos. Muchos ven las tácticas duras del ministerio con Novartis como una señal de advertencia a otros fabricantes de drogas para someterse al nuevo régimen de precios.

La concesión de licencias para nuevos medicamentos también es probable que se endurezca a medida que el ministerio busca reducir su exposición a nuevos y costosos tratamientos. Los estudios de costo-eficacia han sido cargados en un nuevo proceso de licenciamiento, lo que significa que el precio de un nuevo fármaco se establecerá al comienzo del proceso. Un reemplazo del personal de la principal agencia de licencias sugiere un intento de abordar un proceso de aprobación de fármacos que es a la vez ineficiente e inconsistente.

Por último, Colombia ha introducido legislación pionera para la aprobación de medicamentos biosimilares de bajo costo. Mientras que los medicamentos genéricos usan los mismos ingredientes claves que los medicamentos patentados que copian, los biosimilares usan ingredientes que son similares pero no coinciden exactamente con los de las versiones patentadas. La legislación colombiana permitiría que estos productos fueran aprobados sobre la base de los estudios de la droga madre, a pesar de las objeciones de las asociaciones comerciales locales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El proyecto de ley fue aprobado por decreto presidencial en octubre de 2014, pero desde entonces se ha mantenido en un proceso de enmienda.

Los proveedores farmacéuticos y de servicios de salud soportando el impacto del ajuste gubernamental
Hasta que la ley final de salud se presente en febrero de 2017, habrá poca claridad sobre qué más reformas el gobierno seguirá para equilibrar su presupuesto de salud. Ejecutivos de empresas farmacéuticas internacionales se quejan de que el Ministerio de Salud se ha convertido en el más radical de los ministerios del gobierno colombiano, pero las reformas han recibido apoyo presidencial tácito hasta el momento. Con los bajos ingresos petroleros que continúan limitando los ingresos fiscales generales, en octubre el gobierno presentó al Congreso una importante reforma tributaria diseñada para aumentar los ingresos. Con el gobierno también tratando de apretar su cinturón, las empresas farmacéuticas y los proveedores de atención médica de seguro sentirán el golpe.

The Economist Intelligence Unit
11 Noviembre 2016