Ley de Consulta Previa no es un remedio milagroso, sostiene experto - Peru

La Ley de Consulta Previa de Perú podría ayudar a resolver algunos de los conflictos sociales que enfrenta el sector minero, pero claramente no es una solución infalible, de acuerdo con José de Echave, fundador de la ONG CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente.

"Tal como están las cosas en el país, especialmente la relación con pobladores indígenas y sobre todo relacionado con el conflicto vinculado con las industrias extractivas, yo creo que no hay remedio milagroso, es decir, no hay un solo instrumento que permita que estos conflictos se vayan a canalizar", dijo De Echave a BNamericas en el marco del foro de las industrias extractivas organizado por CooperAcción para celebrar sus 15 años.

La Ley de Consulta Previa fue aprobada por el Congreso en agosto del 2011 y tiene por fin cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de las comunidades indígenas a participar en proyectos de desarrollo en sus tierras. El reglamento de la norma fue promulgado en el Diario Oficial en abril de este año.

Participantes del sector creen que contar con acuerdos previos entre las compañías y las comunidades locales son una manera de avanzar en muchos proyectos mineros que se han retrasado en Perú por la oposición local.

A fin de comenzar a implementar la ley, el gobierno indicó en abril que estaba trabajando en un catastro de todas las comunidades indígenas que deben ser consultadas y de sus representantes. Sin embargo, este aspecto clave de la norma sigue pendiente. Un funcionario del Ministerio de Cultura dijo a BNamericas que el catastro estaría listo dentro de los próximos meses.

AUDIENCIA ANTE CIDH
En tanto, organizaciones indígenas locales agrupadas en el Pacto de Unidad tienen previsto solicitar cambios a la aplicación de la ley ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 1 de noviembre, según informó la prensa local.

Las organizaciones pidieron que se realizara la audiencia porque argumentan que el gobierno no está escuchando sus opiniones.

"No basta la ley y el reglamento", aseveró el abogado Javier La Rosa, quien representará al Pacto de Unidad ante la CIDH, de acuerdo con el diario Gestión. El profesional también indicó que todavía no se crea la base de datos de las comunidades indígenas y que tampoco se ha publicado la guía como lo estipula la ley.

"El Estado, creo yo, ha perdido hace mucho tiempo la confianza de la población. La población no confía en el Estado ni tampoco en los instrumentos que ese Estado tiene para hacer frente a los conflictos", señaló De Echave al ser consultado el motivo del descontento de las organizaciones indígenas con la norma.

CONFLICTO SOCIAL E INVERSIONES
Los retrasos que han sufrido proyectos mineros a causa de la oposición social se han ido extendiendo en los últimos años. Ello incide en la cartera de inversiones de Perú, que suma unos US$53.700mn. En el último año se han organizado protestas en contra de proyectos u operaciones de compañías internacionales como Newmont Mining (NYSE: NEM), Barrick Gold (NYSE: ABX), Xstrata (LSE: XTA), Southern Copper (NYSE, BVL: SCCO) y Anglo American (LSE: AAL).

En el 2013 está prevista una inversión de US$4.000mn en actividades mineras en Perú, cifra que constituye un descenso respecto de los US$6.000mn anticipados anteriormente y de los US$7.200mn contemplados para este año, manifestó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Perú registró 238 casos de conflictos sociales en septiembre, de los cuales 167 (70,2%) están activos y 71 (29,8%) están latentes, de acuerdo con un reporte de la Defensoría del Pueblo.

Business News Americas
31 Octubre 2012