La lucha contra los impuestos sobre el azúcar en todo el mundo

El impuesto propuesto por el gobierno sudafricano sobre las bebidas azucaradas ha hecho hervir la industria local de bebidas, llevándolas a invertir dinero en la lucha contra las regulaciones. Si bien esta no es la primera vez que un impuesto sobre el azúcar es el punto focal de un debate acalorado, es interesante observar el efecto de ola que esto causa a la industria de bebidas en todo el mundo.

Casi todos los países se enfrentan a una situación similar donde el aumento del consumo de azúcar conduce a una plaga de la obesidad. Esto se traduce en miles de millones de dólares gastados en los costos del sistema de salud, un aumento de la factura que cada gobierno tiene que recoger.

Francia aprobó un impuesto sobre las bebidas azucaradas en 2012, y México lo siguió en 2013. Con la mayor tasa de sobrepeso y obesidad en el África subsahariana, Sudáfrica parece haber dado un paso en la dirección correcta. Queda por ver cómo sus contrapartes globales van a pagar.

Al igual que las campañas de tabaco y alcohol enfrentaron una dura protesta de la industria, la guerra de las bebidas parece haber hecho lo mismo. Muchos creen que el impuesto es un signo de cosas buenas por venir, pero los ejecutivos de la industria como Jon Woods, gerente general de Coca-Cola Gran Bretaña e Irlanda, creen que esta costosa guerra es poco probable que sea exitosa y es sólo una oportunista para hacer que la industria pague.

Woods menciona cómo las empresas ofrecen opciones más saludables como Diet Coke que dan a las personas opciones para reducir su consumo de azúcar. Dijo que la creación de un impuesto que penaliza la industria de bebidas socavaría sus esfuerzos para ofrecer más opciones a los consumidores que ya han reducido su consumo de azúcar.

También señala que los impuestos sobre el azúcar impuestos en otros países han sido ineficaces. Simplemente hacen las bebidas menos asequibles y hacen que la gente voltee los ojos hacia la comida chatarra como papas fritas y dulces, que son peores para su salud.

Puede haber algo de verdad en lo que dice, pero que si las bebidas de baja o cero calorías son más saludables o realmente contienen la obesidad es discutible.

Los estudios han demostrado una estrecha correlación entre la pobreza y la obesidad. La asequibilidad de sodas, comida chatarra y opciones de comida rápida son una causa directa de la obesidad - especialmente la obesidad infantil. A menos que se contengan a tiempo, esto dará lugar a enfermedades como la diabetes tipo II, hipertensión, ataques cardíacos, accidente cerebrovascular, dolor en las articulaciones, la artritis e incluso ciertos tipos de cáncer.

A la luz de esta información, poner impuestos a la soda - que es sin duda una de las mayores fuentes de azúcar en nuestra dieta - parece un curso de acción responsable y sensato.

Sin embargo, la industria de bebidas tiene bolsillos profundos. Mucho más profundo que el gobierno o las organizaciones sociales pudieran tener. La American Beverage Association y sus contrapartes globales han invertido millones de dólares en combatir y derrotar los impuestos sobre el azúcar.

Pero los problemas de salud relacionados con la soda se están intensificando. Y como los consumidores se vuelven más conscientes de la salud, el consumo de sodas está presenciando una dramática disminución.

Toda la comunidad mundial de la salud ha estado presionando para ello. En los últimos años, incluso las celebridades, como el chef Jamie Oliver TV, han sido uno de los nombres más destacados empujando por mayor conciencia de los efectos sobre la salud del azúcar.

De hecho, Oliver introdujo una recargo directo de azúcar en sus restaurantes en la lucha contra la obesidad infantil, y su petición electrónica vio a más de 150.000 personas respaldando el impuesto. Otros también han hablado a favor del impuesto y han instado a la industria de la hospitalidad e incluso a los hospitales a respaldar esto

Bambi Majumdar
Multibriefs
03 Octubre 2016

Politica Economica en Peru

El resultado de la encuesta de Imasen para La República sobre la actual política económica es clarísimo: el 36.5% de la población urbana y rural se pronuncia por un cambio radical y el 37.4% pide que “cambie algo” la política económica. Solo el 25.1% dice que ésta debe continuar igual.
Pero el promedio esconde varias cosas. Una, que el 45% de limeños pide que todo siga igual. Esto es congruente con los impactos de la actual política económica, que ha incidido de manera positiva en las zonas urbanas y costeñas. Pero, ojo, incluso en Lima los pro “statu quo” son minoría porque el 56% pide cambios.
Dicho esto, la discusión tendría que centrarse en cuáles son los cambios necesarios, algo más difícil de determinar y que debiera ser motivo de preguntas más explícitas en posteriores encuestas. Pero sí queda claro que se quiere una modificación de la predominancia casi total de las políticas pro mercado buscando un nuevo equilibrio en las relaciones entre Estado y mercado, como en el resto de la Región.
Eso se aprecia con claridad en una de las preguntas concretas de la encuesta: el 77% quiere fortalecer a ENAPU y Petroperú, lo que es contrario a la política gubernamental de privatizar ENAPU vendiendo el Muelle Norte, dando paso a un monopolio o a un duopolio.
¿Es que ese fortalecimiento implica un cambio en el modelo económico? No. En Chile, Colombia y Brasil coexisten empresas públicas fuertes con economías liberales. Pero en el Perú eso es caracterizado por las élites neoliberales y buena parte de los partidos políticos como una blasfemia. ¿Por qué? Porque defienden intereses particulares en esos sectores.
Otro tema es el grado de competencia. Aquí la mayoría de los mercados son oligopólicos, lo que determina elevados márgenes de ganancia y altos precios (desde las medicinas hasta los pasajes aéreos, pasando por los bienes de primera necesidad). Peor aún: la ley de competencia no prohíbe el monopolio ni la posición de dominio en el mercado, sino tan solo el abuso de ésta. Pero en países como Chile, la fusión entre las aerolíneas LAN (Chile) y TAM (Brasil) acaba de ser objetada por el regulador porque podría llevar a posiciones de dominio monopólico en el mercado. ¿Esto va contra el modelo? No, porque favorece la competencia.
Otro tema clave es la reforma del Estado para combatir la corrupción, que la población percibe como uno de los peores males. Pero los gobiernos se niegan a tener un servicio civil digno de ese nombre (ascenso por méritos y homologación salarial).
Hay casos que podrían catalogarse como “cambios radicales”. Uno sería el impuesto a las sobreganancias mineras y petroleras. Pero, ojo, esos impuestos ya se cobran en Israel y Chile. ¿Entonces? Otro podría ser que el gas del Lote 88 no se exporte y se quede en el Perú. Pero no, pues hasta García dijo que las modificaciones contractuales del 2005 fueron delito.
Un verdadero “cambio radical” sería adoptar políticas de fomento de la competitividad “a la Michael Porter” –para no continuar dependiendo tanto del modelo primario exportador, diversificando la base productiva– pues el Estado debe formular políticas activas en ciencia y tecnología, así como promover la formación de clusters en sinergia con el sector privado, entre otras. Esto les sabe a chicharrón de sebo a los neoliberales, pero, ojo, este cambio fue propuesto por la CADE el año pasado.
En síntesis, los cambios en la política económica son necesarios para dejar atrás el obsoleto y fracasado “chorreo” y avanzar a un crecimiento con redistribución. Es lo que revela claramente la encuesta de Imasen. El quid del asunto es que aún no llega el momento en que “la opinión mayoritaria a favor del cambio” se convierta en mayoría política. Hasta que eso no suceda, se nos seguirá machacando que no hay nada que cambiar porque todo está perfecto. ¿Qué les parece?

Por Humberto Campodónico - La Republica

06.02.2011