Toda esta tecnología ha sido ya instalada en España —actualmente tenemos potabilizadoras y desaladoras con un grado de calidad espectacular—, pero el problema viene a continuación: ¿Cómo se espera amortizar estas inversiones? O mejor dicho, ¿cómo se va a hacer frente a los costes de explotación de estas grandes instalaciones?
De momento ya se están tomando medidas: actualmente el recibo del agua ya ha aumentado y se espera que aumente aún más en un futuro muy próximo. Se está hablando de aumentos del 50% del importe, y claro, ya han empezado las reacciones.
Un artículo muy interesante aparecido en blogdelagua.com hace referencia a un dato: si la Administración Pública española usara agua del grifo en vez de agua embotellada para sus reuniones, entrevistas o seminarios, se ahorrarían alrededor de 50 millones de euros anuales. Si este mismo dato lo extrapolamos al resto de la ciudadanía, significaría un ahorro considerable para las familias y permitiría la inversión en mantenimiento para dichas plantas de tratamiento.
Pero, ¿hasta qué punto es amortizable por el ciudadano una inversión como la de la desaladora de El Prat de Llobregat (Barcelona), una obra que ha costado 200 millones de euros? Tal vez la respuesta es que no tiene por qué ser amortizable, ya que hay inversiones como la construcción de hospitales cuyo objetivo no es ser rentables, ya que ofrecen un servicio al ciudadano. Evidentemente, los costes de explotación tienen que asumirlos la ciudadanía, pero su construcción no puede ser considerada como un gasto a recuperar con el tiempo.
Según un estudio presentado por la ONU, cada dólar invertido en agua en una comunidad repercute en 5 dólares de ahorro aproximadamente para esa comunidad. Por ejemplo, en las ciudades donde no llega el agua potable a todos sus rincones, provoca que la mayoría de niños o mujeres tengan que desplazarse hasta las fuentes a recoger agua. Eso hace que estos niños no reciban la educación necesaria o que estas mujeres no puedan trabajar. El agua en mal estado provoca enfermedades que afectan al sistema sanitario de la comunidad, además de los problemas laborales que conlleva. Por lo tanto, ¿valoramos correctamente las inversiones que estamos realizando en tratamiento de aguas?
Desde mi opinión, hay dos problemas principales. El primero de ellos es el concepto ‘free rider’, es decir, la persona que utiliza los medios que la sociedad dispone, pero que no está dispuesto a pagar y se aprovecha de ellos, desde una carretera hasta los servicios de Internet.
Tal vez el problema principal es la educación del ciudadano. Si preguntas a cualquier persona, por ejemplo, para qué sirve una depuradora, te dirá que es para depurar el agua que bebemos. La gente no sabe que las aguas negras tienen que tratarse antes de tirarlas al río o al mar. El ciudadano sólo sabe que girando la manecilla del grifo aparece agua y no entiende que detrás de ese simple gesto hay una inversión en infraestructuras y, sobre todo, en mantenimiento. Sin embargo, todo el mundo se queja cuando no sale agua del grifo.
El segundo problema son los gobiernos. Los gobiernos de todos los países han comprendido la necesidad de disponer de agua de calidad; entienden que sin el agua un país no puede prosperar. Por eso, Europa ha invertido grandes cantidades de dinero en ayudar a que los países de la Unión Europea mejoraran sus redes de abastecimiento y depuración. Así, en los últimos 15 años se han construido la mayoría de potabilizadoras, desaladoras y depuradoras que actualmente tenemos en España, sin tener en cuenta las ampliaciones de las plantas más antiguas.
David Barquet, director general de TecnoConverting
Interempresas - Quimica
30 Agosto 2013
